La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó este martes la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), una iniciativa que tiene como objetivo aumentar las transferencias a las regiones, garantizando más recursos para los departamentos, distritos y municipios de Colombia.
Este paso es clave en el proceso legislativo, ya que la reforma avanza hacia su octavo y último debate en la plenaria.
La propuesta, que fue discutida durante dos días, originalmente planteaba que el SGP representara al menos el 46,5% de los ingresos de la Nación para los entes territoriales.
Tras la aprobación en séptimo debate del Proyecto de Acto Legislativo de #AutonomíaTerritorial, el ministro @CristoBustos destacó la profunda deliberación y concertación de los representantes de la Comisión I de la @CamaraColombia. https://t.co/gMVAfRbET5 pic.twitter.com/ALe9MK3GQs
— MinInterior Colombia (@MinInterior) November 20, 2024
Sin embargo, tras varias negociaciones y acuerdos entre los diferentes partidos políticos y con el respaldo de la Casa de Nariño, se acordó que el porcentaje final será del 39,5%, un aumento significativo frente al 24% actual.
Durante el segundo día de la discusión, la comisión aprobó de manera unánime, con 26 votos a favor, los artículos 1, 2 y 3 del proyecto de ley, así como el título y la pregunta del proyecto.
En su intervención, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, resaltó la importancia de esta reforma y explicó que el SGP actualmente tiene un propósito general de garantizar recursos para sectores clave como educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
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Sin embargo, reconoció que aún no está claro cuánto costará el traslado de competencias desde el Gobierno Nacional a los departamentos y municipios, lo cual se abordará en la futura discusión sobre la ley de competencias.
El ministro también hizo énfasis en que el traslado de competencias no solo implica la transferencia de recursos, sino también de funciones.
Esto podría implicar la desaparición de algunas entidades del Estado, como el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), cuyos roles se reducirían para concentrarse en otras tareas esenciales.
"Cuando hablamos de traslado de competencias, nos referimos tanto a inversión como a funcionamiento, lo que significa adelgazar instituciones como el DPS, que fue creado para garantizar transferencias monetarias, y no para asumir una multitud de funciones adicionales", puntualizó Cristo.
Sin embargo, uno de los puntos de desacuerdo en la discusión fue la propuesta de financiar, con el apoyo del Gobierno Nacional, mínimo dos años de escolaridad en educación preescolar y dos años de educación superior. Este tema generó controversias entre los legisladores, que aún deben llegar a un consenso sobre su implementación.
La aprobación de esta reforma en la Comisión Primera es un paso importante en la reestructuración del SGP y un avance hacia una mayor descentralización en la asignación de recursos a las regiones, con el fin de fortalecer el desarrollo local y mejorar la calidad de los servicios públicos en todo el país.
La iniciativa continuará su camino legislativo hacia la plenaria, donde se decidirá su aprobación final.
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