La Contraloría General de la República declaró que la suspensión de la entrega de medicamentos no PBS (que están fuera del Plan de Beneficios en Salud) de Droguerías Cruz Verde a la EPS Sanitas es un asunto de "Impacto Nacional". El ente de control designó a un equipo especializado de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción para "tener conocimiento de primera mano de la información sobre el tema". Con la declaratoria de Impacto Nacional y el inicio de una investigación, la Contraloría espera "obtener resultados rápidos "para evitar un "posible detrimento en los recursos de la salud".
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El vicecontralor con funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, enfatizó en que el órgano de control ha registrado información relacionada con el estado contable de las EPS para 2022 y que la Contraloría Delegada para la Salud "realiza una auditoría de desempeño al flujo de los recursos del sistema de salud", que se calculan en unos $240 billones. La Contraloría informó que en el último año ha tramitado 14 actuaciones relacionadas con la salud, de las cuales "se han proferido cuatro imputaciones de responsabilidad fiscal, por $274.202 millones y tres fallos con responsabilidad de primera instancia, por $389.619 millones". Las actuaciones mantienen como entidad afectada a la Adres respecto a varias EPS, como Saludcoop, Cafesalud, Medimás y algunas Cajas de Compensación Familiar, "por hechos relacionados con el inadecuado manejo de los gastos de administración o la superación del tope de los mismos, obras inconclusas, recobros, entre otros".
¿Qué dijo Cruz Verde?
El anuncio del órgano de control llega dos días después de que la empresa Cruz Verde manifestó que dejará de entregar a usuarios de Sanitas medicamentos que no son parte del Plan de Beneficios de Salud, el grupo de medicinas y procedimientos que el Gobierno considera como esencial, a partir del 15 de noviembre. Aunque el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que ese tipo de medicamentos no sobrepasa el 5% del total de total que se les entrega a los pacientes, el anuncio resultó inquietante porque Sanitas le debe $400 mil millones a la farmacéutica. Sanitas, a su vez, acusó al Gobierno de tener responsabilidad en la deuda. "Hemos hecho todo el esfuerzo para que el Gobierno entienda esas cifras. Ellos las conocen, pero el Estado tiene una responsabilidad financiera en este tema. Tiene que haber un reconocimiento de esa deuda y debe haber un pago efectivo”, afirmó Juan Pablo Rueda, presidente de esa EPS.Puedes leer: MinSalud: Sanitas le debe más de 800 mil millones al 27% de las clínicas y hospitales del país
Mientras que el ministro Jaramillo en una rueda de prensa afirmó que el Estado le ha girado a Sanitas $7,8 billones, de los que $500 mil millones estaban enfocados, precisamente, en aspectos no contemplados en el PBS. Por lo pronto, la Contraloría le pone la lupa al asunto. La Defensoría del Pueblo, por su parte, alertó que la suspensión de Cruz Verde podría afectar a más de 102 mil afiliados a Sanitas, por lo que antes del 15 de noviembre "todos los involucrados deben presentar un plan que genere claridad en la deuda y alternativas de pago". “Convocamos un espacio imparcial de diálogo y ofrecimos nuestro rol de mediadores, con el fin de encontrar salidas viables e inmediatas, a fin de evitar que el riesgo advertido no se materialice y los tratamientos de 102.000 personas no sean interrumpidos bajo ninguna circunstancia”, acotó el defensor del pueblo, Carlos Camargo, al invitar a Sanitas, Cruz Verde, la Adres, la Superintendencia de Salud, MinSalud y MinHacienda a una mesa de concertación. Colprensa.
