En el programa "Noches de Opinión" conducido por Hollman Morris en Señal Colombia, se abordó el alarmante caso de corrupción que involucra el desfalco de 12 billones de pesos del Sistema General de Regalías, recursos que estaban destinados a la implementación del acuerdo de paz en 273 municipios afectados por el conflicto armado en Colombia.
Durante este espacio informativo, expertos y representantes políticos discutieron la magnitud de esta pérdida, destacando que solo el 14% de estos casos están siendo investigados. Ya que, según el director del DNP, los 12 billones de pesos perdidos, pertenecen a 6.631 proyectos en ejecución de los 19.323 que están por ejecutarse.
Entre los participantes al programa, dirigido por el gerente de RTVC Sistema de Medios Públicos, estuvieron Heráclito Landínez, representante a la Cámara de Representantes por el pacto Histórico; Juan Pablos Contreras, analista económico y asesora de políticas públicas en el instituto anticorrupción; Gabriel Bustamante, defensor de Derechos Humanos y subdirector de la unidad de restitución de tierras; Sandra Ramírez, Senadora del partido Comunes; y el exfiscal Eduardo Montealegre.
Los invitados a este espacio coincidieron en que este es uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.
Montealegre, por ejemplo, indicó que lo que está en juego es mucho más que el cese al fuego; es la paz y el desarrollo de Colombia. Además, dijo que este escándalo empieza en el gobierno de Iván Duque, ya que compromete a directores de la DNP entre los años 2020 y 2022.
También responsabilizó al exfiscal, Francisco Barbosa, ya que, según Montealegre, se dedicó a dinamitar las políticas de paz que debieron ser implementadas en los primeros años del gobiernod e Gustavo Petro.
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Por su parte, Sandra Ramírez criticó la lectura de duque sobre el acuerdo de paz, pues afirmó que, durante la llamada “paz con legalidad”, se asesinaron a más de 900 firmantes de paz; además señaló que, a pesar de que los recursos de las regalías se trasladaron para los municipios de sexta categoría (aquellos con más necesidad), los dineros nunca llegaron.
A su vez, Gabriel Bustamante reafirmó las palabras de la senadora del partido Comunes asegurando que, los municipios que debían recibir más de $1.500 millones de pesos para implementar los acuerdos de paz, recibieron menos de $600 millones o no recibieron ningún dinero.
El subdirector de la Unidad de Restitución de Tierras aseveró que el gobierno Duque hizo trizas la paz al no permitir que estos recursos entrarán a estas regiones, favoreciendo el resurgimiento de la violencia en departamentos como el Cauca, Guaviare y Caquetá; departamentos más afectados por el conflicto armado; donde la economía ilegal sigue siendo una problemática grande.
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Por otro lado, Juan Pablos Contreras expresó su preocupación por este caso exponiendo la ley 2056 de 2020, por la cual se modifica el sistema general de regalías; por un lado dijo que esta norma cambia las vigencias futuras, posibilitando el gasto de más plata; igualmente, esta normativa altera el porcentaje de ahorro, ya que permite una gran vinculación de de recursos públicos.
Estos dos puntos señalados por el analista económico permiten que no exista ningún acta de satisfacción en la entrega de recursos de las regalías. Es decir que no se podrá verificar si el avance de las obras, financiadas con estos recursos, no se podrá evaluar, produciendo elefantes blancos.
De igual forma, Contreras menciona que estos problemas de falta de verificación de los recursos, produce irregularidades administrativas y jurídicas.
Por último, el Representante del Pacto Histórico señaló que este desfalco inició y terminó durante el gobierno de Iván Duque, con la responsabilidad recaída en altos funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de la época.
Heráclito también destacó la necesidad urgente de una reforma en las entidades de control, como la Contraloría y la Fiscalía, para evitar que casos de corrupción como este sigan ocurriendo.
Se hizo un llamado a la nueva administración para que tome medidas contundentes y garantice que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
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