6402 falsos positivos JEP

Histórico: JEP revelará la lista completa de los 6402 falsos positivos ocurridas entre 2002 y 2008

Foto: X: @OjoMudo
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Según Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, la cifra de 6402 ejecuciones extrajudiciales fue provisional. No obstante, Ramelli afirma que esa cifra puede aumentar.

El próximo jueves 28 de noviembre, a las 2 de la tarde, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará a conocer un documento histórico: la lista completa de las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, ocurridas en Colombia entre 2002 y 2008.

Esta revelación, que es fruto de años de investigación y recopilación de pruebas, se realiza en el marco del aniversario número ocho de la firma del Acuerdo de Paz. A pesar de los avances, estas cifras representan solo una parte de la verdad: según testimonios y documentos recientes, podrían existir aún más casos no registrados.

 

 

En febrero de 2021, la JEP confirmó la cifra de 6.402 ejecuciones ilegítimas. Estas muertes ocurrieron principalmente entre 2002 y 2008, durante los dos periodos de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De acuerdo con las investigaciones, estas ejecuciones respondían a una presión constante por mostrar resultados en la lucha contra la insurgencia, incentivando prácticas macabras como asesinatos de civiles a cambio de recompensas materiales o simbólicas.

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“La cifra de 6402 víctimas puede aumentar”: Alejandro Ramelli

El magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, explicó que este capítulo del conflicto armado no solo expone las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, sino también la sistematicidad detrás de estas acciones. “Son más que cifras; son historias de vidas truncadas y familias destruidas”, afirmó en entrevista con Señal Investigativa, un espacio que ha profundizado en este caso emblemático.

Según Ramelli las cifras de las ejecuciones extrajudiciales fue un cruce de información entre las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, la del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la ONG más grande que analiza el tema de los falsos positivos; “este número está soportado por nombres, documento de identidad, el lugar donde ocurrieron los hechos. Hay un número importante de víctimas presentes en los autos, por lo que los nombres ya son públicos. No hemos publicado toda la lista completa por no comprometer la seguridad de las familias de las víctimas”, afirma Alejandro Ramelli.

De acuerdo con el presidente de la JEP, la cifra está en aumento. A Ramelli le correspondió investigar el subcaso de ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Huila. Según narra el magistrado, la justicia ordinaria había condenado a varios comandantes del Ejército por 15 casos de falsos positivos ocurridos en ese territorio. No obstante, las investigaciones concluyeron que fueron 200 los casos de ejecuciones extrajudiciales y 32 desapariciones forzadas. “En los autos, que ha proferido la JEP, estos comandantes de batallón han aceptado todos estos casos”, asegura Ramelli.

 

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Para Ramelli, la justicia transicional ha superado el umbral de la justicia ordinaria. Recordó que agentes del CTI y fiscales fueron asesinados por investigar el caso de los falsos positivos. “A partir de estos avances en investigación que dejó la Fiscalía, pudimos abrir un macrocaso y seguir investigando. Gracias a estas indagaciones hemos logrado 8 imputaciones a máximos responsables por estos casos, como el genera Mario Montoya, y que nunca fueron imputados por la justicia ordinaria. Son resultados tangibles y es lo que está pidiendo el Acuerdo de Paz.”

 

 

El objetivo no es solo buscar culpables, sino garantizar que las víctimas conozcan la verdad y evitar que estas atrocidades se repitan”, subrayó el magistrado Ramelli. Este enfoque, sin embargo, enfrenta la resistencia de sectores que niegan los hechos y han atacado a las víctimas, incluso en el Congreso, como sucedió recientemente con el desecho simbólico de las botas pintadas que representan esta lucha.

 

 

El máximo representante de la JEP hace un llamado a los expresidentes que niegan este crimen: “Mi llamado es a la reflexión primero, más allá del tema de las cifras, el tema es que estamos hablando de familias, estamos hablando de seres humanos. Debemos dejar a un lado la discusión de si son más o si son menos, pues me parece algo poco ético. Así sea uno, se trata de un crimen de Estado, algo inconcebible dentro de un Estado de derecho. Yo invitaría a estas personas negacionistas a que se vean las audiencias, porque allí los militares reconocieron su responsabilidad y se conocieron los nombres de cada uno de las víctimas”.

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El testimonio de Ana Páez: el rostro de las víctimas

Entre las miles de familias afectadas está Ana Páez, quien perdió a su hijo Eduardo Garzón en 2008. Eduardo, un hombre de 32 años, trabajador y padre de tres niños, desapareció en Bogotá mientras colaboraba en un casino de la Policía. Ocho meses después, Ana recibió una llamada que le indicaba que su hijo había sido hallado en Cimitarra, Santander, enterrado como un desconocido y presentado como guerrillero abatido.

Ana recuerda con claridad la escena que encontró: su hijo, vestido con un uniforme militar, botas puestas al revés y una mochila al hombro. Esta imagen contrastaba profundamente con el joven que conoció como trabajador y responsable. “Quisieron hacernos creer que era un delincuente, pero sabíamos que era inocente. No solo lo asesinaron, sino que lo despojaron de su dignidad”, relató.

 

 

El caso de Ana no es aislado. Durante su búsqueda, se encontró con otras madres que vivían el mismo dolor, especialmente en Soacha, donde el fenómeno de los “falsos positivos” alcanzó una dimensión aterradora. Estas mujeres se unieron para exigir respuestas y verdad, enfrentándose a un sistema que durante años intentó silenciarlas.

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El emblema de las botas y la resistencia de las familias

Uno de los símbolos más impactantes de esta lucha son las botas militares, como las que Eduardo usaba el día que lo hallaron. Estas botas, que inicialmente representaron una cruel manipulación de la realidad, se han convertido en un emblema de resistencia. Hoy, pintadas de colores, son un recordatorio de la resiliencia de las víctimas y su búsqueda incansable de justicia.

 

 

Sin embargo, esta resistencia no ha estado exenta de riesgos. Ana Páez y otras madres han recibido amenazas de muerte. “Me dijeron que yo sería la víctima 6.403”, denuncia. A pesar del miedo, estas mujeres han perseverado, convirtiéndose en símbolo de dignidad y fuerza en un país donde el conflicto armado dejó cicatrices profundas.

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