La Fiscalía General de la Nación, bajo el liderazgo de la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo, ha decidido retomar el emblemático caso de las "chuzadas" del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), uno de los escándalos más sonados de interceptaciones ilegales en la historia reciente de Colombia. Después de más de 15 años de aparente olvido, el proceso ha cobrado nueva vida con la citación a imputación de cargos para Andrés Peñate, quien dirigió el DAS entre 2005 y 2007.
Esta decisión se enmarca en una serie de acciones que la Fiscalía ha tomado para avanzar en investigaciones que habían quedado estancadas, como los casos contra el expresidente Álvaro Uribe y las campañas políticas de Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez. El caso de las chuzadas es especialmente significativo, dado que una de las presuntas víctimas de las interceptaciones ilegales es el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.
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El 3 de octubre, Peñate deberá responder ante la justicia por cargos de concierto para delinquir agravado, en una audiencia que promete reabrir heridas de un oscuro capítulo para la seguridad y el espionaje en el país. Según la citación emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, el exdirector del DAS deberá rendir cuentas por su presunta participación en las interceptaciones a políticos de la oposición, magistrados y periodistas, entre los que se encuentra Petro, quien en ese entonces era senador opositor.
La Fiscalía ha dado muestras claras de su compromiso para esclarecer este caso, en el que hay más de 30 víctimas. Entre ellas, se encuentran magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como periodistas y políticos que fueron blanco de las escuchas ilegales. Esta reactivación es vista como un paso fundamental en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas.
El caso también ha destapado la participación de otros exfuncionarios del DAS que ya han sido condenados, como Enrique Ariza y María del Pilar Hurtado, esta última sentenciada a 14 años de prisión. La fiscal Camargo ha dejado claro que esta no será la única imputación en el proceso, marcando así una nueva etapa en la lucha contra la impunidad en uno de los casos más controvertidos del país.
Esta iniciativa de la Fiscalía refuerza su posición como un ente comprometido con la justicia y la legalidad, y marca un hito en la memoria histórica de Colombia.
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