Una nueva alarma se enciende sobre la justicia colombiana. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) ha denunciado públicamente que la Fiscalía Primera, delegada ante la Corte Suprema, emitió una decisión inhibitoria que pretende cerrar la investigación contra Francisco Santos Calderón, exvicepresidente de la República durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La razón alegada: vencimiento de términos.
La CCJ recuerda que esta no es la primera vez que se intenta archivar el caso. Ya en 2016 y 2020 se habían promovido decisiones similares, sin éxito. ¿El motivo? La gravedad de los cargos: Santos está imputado por el delito de concierto para delinquir con fines de promover grupos paramilitares, un crimen de lesa humanidad debido a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia, estructura que él habría ayudado a conformar.
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Este grupo armado ilegal fue responsable de homicidios selectivos en Bogotá y Soacha, así como de amenazas contra líderes sociales, comunitarios y religiosos, incluyendo a las Siervas de Jesús. Según la Comisión, cerrar el caso sin agotar el proceso judicial sería un atentado contra el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición.
Francisco Santos: otro caso de "justicia para los de ruana"
En respuesta a esta denuncia, el presidente Gustavo Petro expresó su indignación a través de su cuenta de X (antes Twitter):
“Van a dejar vencer términos a la investigación sobre alianzas con el paramilitarismo al exvicepresidente de la República: Francisco Santos. La ley para los de ruana.”
Van a dejar vencer términos a la investigación sobre alianzas con el.paramilitarismo al exvicepresidente de la República: Francisco Santos.
La ley para los de ruana. https://t.co/qHZCbAoXMh— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 8, 2025
La frase del mandatario pone en evidencia una de las críticas más persistentes al sistema judicial colombiano: el uso político del derecho penal. Mientras líderes sociales, jóvenes de barrios populares y manifestantes enfrentan procesos rápidos, severos y muchas veces desproporcionados, figuras del establecimiento político logran dilatar investigaciones por años, e incluso décadas.
La CCJ ya apeló la decisión y exhortó a la fiscal del caso, Marlene Orjuela Rodríguez, a reconocer la naturaleza del delito y su carácter imprescriptible como crimen de lesa humanidad. Por su parte, distintas organizaciones de derechos humanos han reiterado que la impunidad de los grandes responsables del paramilitarismo solo perpetúa el ciclo de violencia.
El caso de Francisco Santos no es solo una disputa jurídica. Es también una prueba sobre si en Colombia todos los ciudadanos son realmente iguales ante la ley.
