Este lunes, la justicia francesa inició el juicio contra la líder ultraderechista Marine Le Pen por malversación de fondos públicos europeos cuando era eurodiputada, en un caso que podría costarle su candidatura a la elección presidencial de 2027 en Francia.
Antes de entrar a la Corte, Le Pen aseguró ante medios que no ha” violado ninguna norma política ni ninguna norma reglamentaria del Parlamento Europeo".
Por su parte, el tribunal correccional de París juzga hasta finales de noviembre a Le Pen, a su partido Agrupación Nacional (RN) y a otras 24 personas por presuntamente pagar con el dinero del Parlamento Europeo a los empleados de su formación entre 2004 y 2016.
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El juicio llega en el mayor momento de influencia en Francia para la líder ultraderechista de 56 años. La supervivencia del nuevo gobierno inclinado a la derecha del presidente Emmanuel Macron depende de que su partido no apoye la moción de censura anunciada por la izquierda.
La mayoría de imputados (nueve exeurodiputados, 12 exasistentes parlamentarios y cuatro colaboradores del partido) niegan los cargos y buscarán trasformar el proceso "en un juicio político", según un allegado de Le Pen, citado por el diario liberal L'Opinion.
Los acusados se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión y un millón de euros de multa (1,1 millones de dólares). No obstante, el mayor riesgo para Le Pen sería la poco probable imposición de una pena firme de 10 años de inhabilitación, que acabaría con sus ambiciones presidenciales para 2027.
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¿Qué arrojó la investigación por parte de las autoridades contra Le Pen?
Esa indagación reveló la puesta en marcha de una "forma concertada y deliberada" de un "sistema de malversación" de los 21.000 euros (23.460 dólares) al mes con los que cuenta cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios.
Sin embargo, según los investigadores, los asistentes habrían trabajado en realidad parcial o completamente para el Frente Nacional (FN), rebautizado RN en 2018, que se habría ahorrado importantes sumas de dinero.
Entre estos figuran el guardaespaldas del fundador del FN y líder hasta 2011, Jean-Marie Le Pen; la asistente personal de Marine Le Pen, una de las hermanas de la líder ultraderechista y el diseñador gráfico del partido, entre otros.
La legislación europea prohíbe que los asistentes trabajen para el partido. El Parlamento Europeo, que denunció los hechos en 2015, evaluó el perjuicio financiero en 3 millones de euros (3,35 millones de dólares).
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En colaboración con AFP
