La apertura de investigación por parte del CNE a la campaña del presidente Gustavo Petro ha generado un debate jurídico por la inconstitucionalidad de este fenómeno, inédito en nuestro país, pero también ha generado dudas sobre la validez de la acusación de superación de los topes.
Con el fin de que los lectores puedan tener claridad sobre este tema, los siguientes puntos tienen el objetivo de explicar el manejo de recursos durante la campaña de Gustavo Petro, a la vez que señalan algunos errores y omisiones en la acusación por parte del CNE.
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Los fondos se dirigieron a los partidos
Se conoció que desde las asambleas del partido se aprobaron ciertos gastos. Es importante aclarar que estos no fueron recibidos directamente por el entonces candidato, ya que el presidente afirmó en su momento que las personas jurídicas no pueden realizar aportaciones a las campañas políticas. En su lugar, los fondos se dirigieron a los partidos políticos, como la Colombia Humana, cumpliendo con las normativas.
Hay gastos que no corresponde al período de campaña
Aunque algunos gastos relacionados con la campaña se pagan antes de su inicio oficial (25 de marzo de 2022), el pago definitivo de estos se realiza una vez que la campaña haya concluido.
Cualquier acción o gasto realizado después del plazo legal establecido para la campaña ya no se considera parte de ella, y por lo tanto, el Estado no cubre esos gastos. Esto incluye también el pago a los testigos electorales, quienes cumplen un papel fundamental en la vigilancia.
No hubo pago a testigos electorales
En las elecciones de 2018, el presidente Petro decidió pagar a los testigos electorales por su trabajo. Sin embargo, para las elecciones de 2022 optó por no hacerlo.
Es necesario destacar que el pago a los testigos no es obligatorio. Muchas personas realizan esta actividad de forma voluntaria, ya que se considera un derecho ciudadano y de los partidos políticos.
Si bien la labor de los testigos es crucial para proteger los votos, esto no se clasifica como un gasto de campaña, dado que la campaña finaliza oficialmente cuando las urnas se abren.
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El CNE ya había revisado y validado los gastos
Los gastos de campaña que fueron aprobados se validaron por el Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro del plazo de 30 días correspondiente, lo que permitió recibir la respectiva reposición de los mismos. Este proceso garantizó que los recursos utilizados fueron revisados y aprobados de manera adecuada.
Por otro lado, los partidos políticos pueden realizar gastos que no son estrictamente de campaña, como la alimentación de los testigos electorales después del cierre de la campaña o el pago de facturas relacionadas con viajes. Sin embargo, estos no se consideran gastos de campaña propiamente.
Omisión de las facturas anuladas
Finalmente, en cuanto a las facturas cuestionadas, que sumaban más de dos mil millones de pesos, estas fueron anuladas y reportadas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en tiempo real, cumpliendo con las normativas legales correspondientes. A pesar de esta anulación, aún no se ha tomado en cuenta la defensa en el análisis público del caso.
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