Por: Mauricio René Pichot Elles
Periodista
Creo que es impropio iniciar cualquier escrito con comillas, por eso arranco de esta manera. “Hay que proteger la Institucionalidad”. La frase ha estado vigente, por lo menos, en los últimos cuarenta y cinco años, en el escenario público de este país, sobre todo en entrevistas de, precisamente, muchos de los integrantes de esa llamada Institucionalidad.
Consistiría, según dan a entender, en que las decisiones que se tomen en este país deben ir en favor de “la Institucionalidad.” Olvidan lo más importante, el Pueblo es y debe estar en la primera línea de esa Institucionalidad. Explico, todas las decisiones que se planten y tomen deben propender por beneficiar a la mayor cantidad de los millones de colombianos vulnerables, los que nunca habían tenido la atención de un gobierno como el actual.
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Eso ocasiona la ira y represalias los grandes poderes económicos, políticos y sociales de este país y quienes, curiosamente, son los que conforman la llamada Institucionalidad. Una de esas instituciones, históricamente cuestionado, es el Congreso de la República, infestado por una corrupción profunda y constante, sin contar cómo se dejó penetrar por el paramilitarismo desde hace más de treinta años.
Es increíble cómo esta “Institución” se le atraviesa al Gobierno del Presidente Gustavo Petro Urrego en los proyectos de ley que plantea y que intentan de manera esforzada borrar la brecha entre los poderosos de este país y los más vulnerables en temas como la Reforma a la salud, la Pensional, la misma Reforma Laboral que busca solventar las necesidades de esos viejos pobres que no tienen un ingreso seguro.
Lo anterior, sin contar las trancas que le atraviesan en el Legislativo en los demás proyectos de índole social. Es claro, contundente y evidente cómo desde el Congreso se respeta la Institucionalidad de una manera acostumbrada, defendiendo los intereses de los grupos económicos en desmedro de los exiguos intereses del colombiano pobre
En la Corte Constitucional se ha conformado otro “Partido Político,” en esta ocasión, el de la oposición. Nunca antes un cuerpo de Magistrados, expertos en la guarda de la Carta Magna, había evidenciado, de forma tan descarada y vergonzosa semejante animadversión en contra de las iniciativas del Gobierno del presidente Petro
Ni qué decir de los llamados gremios. Es increíble cómo la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, nunca levantó la voz con las reformas laborales del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, quien coartó y despojó de cualquier cantidad de derechos al trabajador colombiano en beneficio del gran empresariado con el argumento, nunca probado, de generar “cientos de miles de empleos.”
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Igual situación ocurre con los mal llamados medios de comunicación masivos quienes, también, de forma descarada y sin vergüenza algunas, ya se han terminado de evidenciar como un apéndice más del poder político y económico del país, ¿no será que son lo mismo? Y atacan sin pudor alguno, cualquier decisión del primer mandatario, en la mayoría de ocasiones sin conocer el contenido de las mismas
Esas son, parte de las “Instituciones,” aquellas que están blindadas en el escenario social colombiano para que no se logren los cambios, avances y revoluciones que esta sociedad requiere.
