UNE EPM, filial del Grupo EPM y conocida comercialmente como Tigo, anunció este martes que ha solicitado al Ministerio del Trabajo autorización para llevar a cabo un despido colectivo masivo, argumentando graves dificultades económicas.
La medida, según la empresa, busca garantizar la sostenibilidad operativa en un contexto de alta competitividad y transformación tecnológica en el sector de telecomunicaciones.
En un comunicado oficial, la compañía explicó que la decisión de reducir personal forma parte de un plan estructural orientado a optimizar su operación y adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado.
"La presión tecnológica y la feroz competencia en la industria han intensificado los retos que enfrentamos", señaló UNE EPM, aunque no precisó el número de empleados afectados ni los plazos para implementar los recortes.
Contexto de la decisión
Según una carta dirigida a sus empleados, UNE EPM enfatizó que las transformaciones en la industria de las telecomunicaciones son inevitables para mantener la sostenibilidad del negocio.
“La compañía ha venido siendo objeto de profundas transformaciones derivadas de la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas dinámicas del mercado y a los cambios de los que constantemente es objeto la industria [...] Lo anterior nos lleva a la necesidad de reducir nuestra operación y, por lo tanto, a requerir menos personal del que contamos actualmente”, se lee en el documento.
La empresa destacó que la solicitud presentada ante el Ministerio del Trabajo es un paso formal en este proceso, el cual no puede llevarse a cabo sin la autorización del organismo estatal, como lo establece la legislación laboral colombiana.
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Una reestructuración crítica
La situación financiera de UNE EPM ha sido objeto de análisis durante los últimos meses, con la empresa enfrentando desafíos significativos para mantenerse competitiva en un sector donde la inversión en tecnología y la adaptación a nuevas exigencias del mercado son clave.
Aunque la reestructuración podría representar un alivio económico, también genera preocupación entre los trabajadores y gremios, que exigen transparencia en el proceso.
Por ahora, la empresa está a la espera de la aprobación del Ministerio del Trabajo.
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