Según declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, Bukele ha ofrecido aceptar la deportación de cualquier extranjero ilegal en Estados Unidos que sea un criminal, incluyendo miembros de organizaciones delictivas como la MS-13 y el Tren de Aragua. No obstante, lo más sorprendente de su propuesta ha sido la disposición de recibir también a ciudadanos estadounidenses condenados por crímenes, trasladándolos a la ya polémica cárcel de máxima seguridad conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
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No existe prácticamente ningún precedente en la historia contemporánea en el que un país democrático haya enviado a sus propios ciudadanos a cumplir condenas en prisiones extranjeras. Cualquier intento de implementar esta medida seguramente será impugnado en los tribunales estadounidenses. Aun así, la propuesta de Bukele ha sido recibida con entusiasmo por la administración de Donald Trump, que ha intensificado su política de deportaciones masivas desde su regreso a la Casa Blanca.
La postura de Bukele, lejos de representar una medida humanitaria o de seguridad pública, deja en evidencia una preocupante tendencia a comercializar con la vida y el destino de miles de personas. "Estamos dispuestos a acoger únicamente a delincuentes convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses) en nuestra megaprisión a cambio de una cuota", declaró Bukele a través de la red social X. La idea de monetizar el encarcelamiento de personas refleja una peligrosa visión en la que el sistema penitenciario se convierte en un negocio más, en lugar de una herramienta de rehabilitación y justicia.
Very productive meeting with Salvadoran President @nayibbukele. His commitment to accept and incarcerate criminals from any country, including from violent gangs like MS-13 and Tren de Aragua, will make America safer. In an extraordinary gesture never before extended by any… pic.twitter.com/MLMhiVwRqQ
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 4, 2025
Desde el 2022, bajo un régimen de excepción que ha permitido detenciones masivas sin orden judicial, el gobierno salvadoreño ha encarcelado a unas 83.000 personas, muchas de ellas inocentes según denuncias de organismos de derechos humanos. Ahora, Bukele busca ampliar este modelo al servicio de un gobierno extranjero, consolidando a El Salvador como un centro de detención regional con fines lucrativos.
La megacárcel de Bukele, presentada como un "símbolo de su lucha contra el crimen", ha sido criticada por expertos y activistas por sus condiciones de reclusión extrema y la falta de transparencia en los procesos judiciales que llevan a miles de personas a sus celdas. Bajo este modelo, el respeto a los derechos humanos parece quedar relegado ante el pragmatismo de acuerdos políticos y económicos.
Mientras Bukele busca fortalecer sus lazos con la administración de Trump y proyectar su modelo de seguridad como un ejemplo a seguir, la realidad es que su estrategia abre la puerta a peligrosas violaciones a los derechos fundamentales.
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