El Juzgado 47 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a Luis Fernando Duque Torres a 52 meses de prisión por el escándalo de corrupción que implicó la pérdida de $70.243 millones que estaban destinados a un ambicioso proyecto de centros digitales para la niñez en el campo colombiano y para conectar a poblaciones vulnerables en zonas rurales del país.
En el fallo emitido este viernes, se precisa que como representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados en el año 2020, Duque Torres es penalmente responsable "como coautor por los delitos de falsedad en documento privado en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso heterogéneo con peculado por apropiación agravado en favor de terceros".
El cerebro de la mencionada unión temporal que se quedó con el millonario anticipo deberá, además, pagar una multa equivalente a $7.710'256.773 millones.
Cabe recordar que el llamado escándalo de corrupción de Centros Poblados estalló a mediados de 2021, cuando se conoció el incumplimiento de los compromisos contractuales de la citada unión temporal, quien el año anterior había salido favorecida para ser una de las operadoras del proyecto de conectividad rural más grande en la historia de Colombia.
El contrato fue adjudicado en diciembre de 2020 por la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen, durante el gobierno del presidente Iván Duque. El proceso de adjudicación fue dividido en dos regiones y a Centros Poblados le correspondió la región B con la misión de conectar 7.277 centros digitales hasta 2031, por un valor de 1,7 billones de pesos.
Según reseña Transparencia por Colombia, "en junio de 2021 se conoció que la Unión Temporal – Centros Poblados presentó garantías bancarias falsas con el fin de quedarse con el millonario contrato de MinTic para conectar a poblaciones vulnerables en zonas rurales de Colombia, y que implicó además el giro irregular de un anticipo por $70.000 millones".
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En relación con el robo de estos recursos, el Ministerio de las TIC anunció que hasta el pasado mes de marzo apenas se habían recuperado $2 mil millones, esto a través de procesos de cobro coactivo.
"La entidad presentó cuatro demandas judiciales, en las que se pretende el pago de $345.000 millones por indemnización de perjuicios", dijo en su momento el MinTIC.
La cartera calificó entonces como "vergonzoso lo que ha pasado con la recuperación de los recursos de Centros Poblados" y precisó que las pretensiones del Ministerio, en este caso, suman $127.000 millones.
"No solo fue el robo, sino los niños que se han quedado por fuera de la educación. A la Fiscalía le ha faltado compromiso en ayudarnos a recuperar esos recursos, los acuerdos que ha hecho con los implicados en este caso han sido pírricos y mal hechos por montos muy pequeños que realmente no están recuperando la plata", dijo el ministro Mauricio Lizcano en relación con la ínfima suma de dinero recuperada hasta marzo pasado.
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