En vísperas del debate que la Corte Constitucional iniciará este martes sobre la validez del decreto que declaró el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, el Gobierno nacional alertó sobre las consecuencias que tendría anular esta medida en medio de la crisis humanitaria que atraviesa esa subregión del norte de Colombia.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtieron que una eventual derogatoria del decreto afectaría de manera directa la capacidad operativa de la Fuerza Pública y pondría en riesgo los esfuerzos de atención y protección a la población civil.
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Una crisis humanitaria de grandes dimensiones
Según cifras oficiales, en los últimos meses cerca de 100 personas han sido asesinadas en el Catatumbo, mientras que alrededor de 64.000 habitantes han sido desplazados y 23.000 permanecen confinados debido a la intensificación de la violencia armada en la región.
Ante esta situación, el Gobierno activó un plan de respuesta que contempla cuatro fases: salvar vidas, afectar las amenazas armadas, estabilizar el territorio y sostener las acciones de largo plazo.
Actualmente, según el ministro de Defensa, el proceso avanza en su segunda etapa, con un 60 % de avance en el control territorial. No obstante, Sánchez enfatizó que se trata de una zona "supremamente compleja", que requiere un despliegue militar robusto para enfrentar fenómenos como el uso de drones por parte de los grupos armados ilegales.
Riesgos concretos por la posible caída del decreto
El ministro Benedetti advirtió que, si la Corte Constitucional tumba el decreto madre, no solo desaparecería la declaratoria de conmoción interior, sino también los otros 11 decretos que se desprenden de este y que permiten movilizar recursos adicionales para las operaciones en terreno.
"Si se cae el decreto, la Fuerza Pública quedaría prácticamente sin capacidad de reacción", sostuvo Benedetti, quien pidió a los magistrados que evalúen las consecuencias "sin consideraciones políticas" y pensando en el bienestar de las comunidades afectadas.
Por su parte, el ministro Pedro Sánchez detalló que las principales afectaciones serían:
- Debilitamiento de la inteligencia militar, dificultando la protección tanto de tropas como de civiles.
- Reducción de capacidades antidron, lo que aumentaría el riesgo frente a nuevas amenazas tecnológicas usadas por grupos armados.
- Limitaciones en la movilidad aérea, al verse afectado el presupuesto para horas de vuelo necesarias en operaciones de seguridad y evacuaciones humanitarias.
"Sin esas capacidades, proteger a la población se vuelve mucho más difícil", enfatizó el jefe de la cartera de defensa.
“Si se diera el concepto negativo al decreto madre de la conmoción interior, significaría que podría a llegar a afectarse el recaudo que se determinó en rentas de juegos y de tipo energético” señaló el @mindefensa, crel (r) Pedro Sánchez
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¿Es necesaria la discusión?
El estado de conmoción interior fue decretado por el presidente Gustavo Petro a comienzos de este año, tras un aumento inusitado de la violencia en la región, en gran parte atribuida a la disputa territorial entre disidencias de las FARC, el ELN y otras estructuras criminales.
La medida fue respaldada por informes de la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos que alertaron sobre el deterioro acelerado de las condiciones de seguridad en la zona.
Sin embargo, sectores políticos, mayoritariamente de oposición al Gobierno, han planteado reparos sobre la proporcionalidad de la medida y su impacto sobre las comunidades, razón por la cual la Corte Constitucional abrió una revisión de fondo.
Lo que está en juego
En palabras de los ministros, anular el decreto de conmoción no solo significaría desmontar la capacidad del Estado para responder a la crisis actual, sino también enviar un mensaje que, en su opinión, "desprotege a las comunidades más afectadas por el conflicto armado".
La Corte deberá sopesar en su análisis las consecuencias que traería la suspensión de las medidas en este momento sobre el control del territorio y la protección de las poblaciones del Catatumbo, un equilibrio complejo en medio de una de las crisis humanitarias más graves que vive Colombia hoy.
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