La Corte Constitucional confirmó la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada de la comunidad afrodescendiente Afrowilches por medio de la sentencia T-514 de 2023 publicada el martes 27 de agosto de 2024.
Esta sentencia dice que el la licencia ambiental de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) Kalé y Platero en yacimientos no convencionales del municipio con el uso de la técnica de fracking. no consideró realizar una consulta previa con la comunidad.
Este fallo responde a dos acciones de tutela interpuestas, una por la Corporación Afrowilches, con el respaldo de la Corporación PODION y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR), y otra por diversas organizaciones locales de campesinos, pescadores, y otros colectivos sociales del municipio.
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Según el comunicado del CAJAR, las tutelas alegaban la falta de participación ambiental y la omisión de la consulta previa, derechos fundamentales para las comunidades que podrían verse afectadas por la implementación de estos proyectos.
El alto tribunal señaló que la comunidad Afrowilches pudo demostrar que los proyectos Kalé y Platero podrían afectar significativamente su territorio, su organización interna, su cultura, y su entorno ambiental, lo que justifica la necesidad de la consulta previa.
Sin embargo, la Corte también expresó preocupación por la falta de amparo a otras comunidades locales en el área de influencia de estos proyectos, que también denunciaron afectaciones por las decisiones unilaterales del gobierno.
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El tribunal destacó la necesidad de asegurar que los procedimientos ambientales y regulatorios en proyectos de acción climática y transición energética sean justos y garanticen la participación democrática de las comunidades afectadas, especialmente las afrodescendientes e indígenas.
Además, subrayó que, aunque los proyectos están actualmente suspendidos, el riesgo de su reanudación en el futuro justifica su pronunciamiento.
El fallo fue aplaudido por organizaciones defensoras de los derechos humanos y ambientales, quienes instan al Estado colombiano a adoptar medidas definitivas para proteger los proyectos de vida de las comunidades del Magdalena Medio y su entorno natural.
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