La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación Penal, ratificó la condena de cinco años y seis meses de prisión contra la excongresista Aída Merlano Rebolledo. Merlano fue encontrada culpable de violar los límites de gasto establecidos para las campañas electorales en su aspiración al Senado durante los comicios de marzo de 2018. Esta decisión se conoce luego de que la defensa de la excongresista apelara el fallo inicial, buscando su revocación, la cual fue negada por el alto tribunal.
La condena incluye, además de la pena privativa de la libertad, la inhabilitación para ejercer funciones públicas y una multa de $3.430 millones. La sentencia, emitida en primera instancia el 2 de noviembre de 2022 por la Sala Especial de la Corte Suprema, se basa en pruebas que demuestran el uso de recursos provenientes de operaciones financieras irregulares, principalmente ejecutadas por los hermanos Gerlein Echeverría, conocidos por su influencia en el escenario político del Caribe colombiano.
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Operación encubierta y exceso de gastos de campaña
Las investigaciones señalaron que, durante las elecciones de 2018, se realizó un allanamiento en la sede de campaña de Merlano, donde se hallaron documentos y comprobantes de transacciones financieras, como giros de cheques destinados a diversas personas vinculadas con su equipo. La Corte concluyó que estos recursos, cuya procedencia y manejo fueron deliberadamente ocultados, estaban orientados a financiar la campaña electoral de la excongresista, superando ampliamente los límites establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Sala Penal, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, argumentó que la “clandestinidad” de los movimientos financieros reflejaba una intención clara de evadir el control de las autoridades y evitar la rendición de cuentas sobre los ingresos y gastos de campaña. Esta omisión de transparencia financiera, sumada a la ausencia de un gerente de campaña designado formalmente, fue fundamental en la determinación de la Corte de mantener la condena impuesta.
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Disrupción de principios electorales
En la sentencia, la Corte afirmó que el accionar de Merlano y su equipo vulneró los principios de igualdad y pluralismo político, esenciales para el sistema democrático colombiano. El exceso en los gastos de campaña permitió una ventaja injusta, afectando el equilibrio que debe regir en las justas electorales.
El tribunal enfatizó que la responsabilidad de Merlano y sus colaboradores fue instrumental en la administración de estos recursos, que excedieron de forma ostensible los límites fijados por la normativa electoral. Con ello, la excongresista y su equipo no solo desafiaron la legalidad de las normas de financiación, sino que propiciaron un “desequilibrio” que desvirtúa los principios de igualdad en el acceso a cargos de elección popular.
La decisión de la Corte Suprema de ratificar la condena contra Aída Merlano representa un mensaje contundente contra la financiación irregular en las campañas políticas y subraya la necesidad de fortalecer la transparencia en los procesos electorales para proteger la integridad del sistema democrático en Colombia.
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