La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido imputar a seis exintegrantes del secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por su responsabilidad en el reclutamiento ilegal de menores y la violencia sexual intrafilas.
El auto de determinación de hechos y conductas, publicado recientemente, es uno de los documentos más esperados en el marco del macrocaso 07, una investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por la guerrilla durante su lucha armada.
Los llamados a responder ante la JEP son Rodrigo Londoño (Timochenko), Jaime Alberto Parra (El Médico), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada).
Aunque los exlíderes guerrilleros han negado las acusaciones, la investigación determinó que, como principales responsables de la estructura de las Farc, tenían la obligación de prevenir y sancionar estos crímenes, pero omitieron tomar las medidas necesarias para evitar su ocurrencia.
El auto, que cuenta con más de 800 páginas, expone cinco patrones criminales cometidos por las Farc que afectan principalmente a menores de edad, mujeres y personas con orientación sexual diversa.
Entre estos, destaca el uso de niños y niñas en las tácticas de guerra, el maltrato y las torturas a los menores reclutados, y la violencia reproductiva y sexual dirigida a mujeres y niñas en las filas, incluyendo abortos forzados y desaparición de hijos recién nacidos. También se aborda la violencia sexual sistemática contra niños, niñas y mujeres, así como los castigos a los combatientes con orientaciones sexuales diversas.
El tribunal explicó que los exjefes guerrilleros, al estar al mando de los bloques que operaban en diversas regiones del país, eran plenamente conscientes de lo que ocurría en sus filas, pero no tomaron ninguna medida para evitar, contener o sancionar los crímenes. Según la JEP, esta omisión contribuyó a la normalización de estos delitos dentro de la estructura guerrillera.
Impacto en las víctimas
El informe de la JEP resalta la magnitud del sufrimiento causado, con un total de 18.677 víctimas identificadas, de las cuales el 91% son mujeres. La mayoría de las víctimas (54%) fueron reclutadas como niños y niñas por la guerrilla, mientras que el 46% restante son familiares de estos menores. El estudio también revela que los abusos fueron más recurrentes entre 1997 y 2016, con picos de violencia en los años 1999, 2002 y 2003. La violencia, según la JEP, afectó a todas las regiones del país, a excepción de San Andrés y Providencia.
Una de las conclusiones más impactantes de la investigación es el daño prolongado que los sobrevivientes de estos crímenes aún sufren. El tribunal destacó que muchos de los niños y niñas reclutados fueron víctimas de violencia en diversas etapas de su vida, desde su ingreso a las filas hasta las secuelas que cargan después de haber dejado la organización armada.
La respuesta de los exjefes guerrilleros
Una vez notificados de las imputaciones, los exlíderes de las Farc tienen un plazo de 30 días para aceptar su responsabilidad por los crímenes que se les imputan o para rechazarla. En caso de aceptación, podrán participar en una Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad, en la que las víctimas tendrán la oportunidad de hacer parte del proceso y en la que se determinará la sanción que se les impondría, que podría ser de hasta ocho años de sanción sin cárcel.
En caso de rechazo o si se niegan a reconocer los hechos, el caso será trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, y se abrirá un juicio adversarial. Si la decisión final es desfavorable para los imputados, podrían enfrentar una pena ordinaria de hasta 20 años de prisión.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, resaltó que esta decisión judicial fue el resultado de años de trabajo con las víctimas, quienes rompieron el silencio para relatar las atrocidades sufridas. "Estamos ante una decisión judicial elaborada desde las diferentes voces de cientos de víctimas valientes y resilientes", afirmó el magistrado, quien también señaló la complejidad de abordar estos crímenes, especialmente aquellos que se cometen en el ámbito íntimo y coercitivo de las filas guerrilleras.
Este desarrollo marca un nuevo capítulo en la justicia transicional en Colombia, al poner el foco en la responsabilidad de los altos mandos de las Farc por los crímenes cometidos bajo su mando y al brindar una oportunidad para que las víctimas puedan obtener justicia y reparación por los horrores que vivieron.
