Jueces de Bogotá rechazan declaraciones de la alcaldesa Claudia López

Esta mañana, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló de la inseguridad en la ciudad y reconoció “que hay un problema” con el incremento de dos indicadores: “el hurto violento, a la gente la están atracando a cuchillo por llevarse un celular; y también el homicidio, porque muchos de estos robos terminan en homicidio y también en disputas entre estructuras criminales”. En sus declaraciones, aseguró que la problemática se intensifica, debido a que los jueces dejan libres a los delincuentes. "Si los jueces siguen sin tener un compromiso con la seguridad de Colombia no vamos a salir adelante como Nación”, afirmó Claudia López. Añadió que "si aquí la justicia no se pone del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad va a ser muy difícil recuperar la seguridad... La Policía arriesga su vida, este año han asesinado a tres policías en Bogotá cumpliendo su labor, capturando a los criminales, y los jueces dejan libres a 8 de cada 10 criminales que se capturan”. Los jueces integrantes del Comité del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, ante los señalamientos, emitieron un comunicado de prensa rechazando las afirmaciones. "En defensa del valor que la función judicial tiene para el Estado Social de Derecho y de la integridad y dignidad de quienes la ejercemos. Enfatizamos que: El Consejo Superior de la Judicatura ha expuesto, con datos claros, cómo el Sistema Penal Acusatorio de Bogotá ha respondido en 2020 y 2021 a la demanda de medidas de aseguramiento presentada por la Fiscalía General de la Nación. Solo un 6% de las solicitudes de aprehensión formuladas fueron negadas, lo que implica que los jueces, casi siempre, corroboraron y reconocieron el cumplimiento de las cargas que corresponden a los fiscales", se lee en el comunicado. Agregaron que cuando esas cargas no se cumplen el deber de los jueces es ordenar la libertad de los procesados, y ello no pone en peligro a la sociedad: garantiza la vigencia de la Constitución. Así mismo, señalaron que "es falso que los jueces de control de garantías decidan sobre todas las libertades ordenadas en el sistema acusatorio. En la gran mayoría de los casos son los fiscales, cumpliendo también con su deber, quienes liberan a los capturados o no solicitan medidas de aseguramiento, atendiendo a que la privación de libertad en el sistema penal es excepcional y el Congreso le ha asignado a la Fiscalía General de la Nación la responsabilidad de no exigir detenciones improcedentes". En el comunicado de prensa también se explica que se han constatado en múltiples oportunidades, que se presentan capturas ilegales, por ausencia de flagrancia o por violación de los derechos de los capturados, "cuando esto es percibido por los jueces su deber es velar por la garantía de los derechos en juego y evitar judicializaciones infundadas o viciadas. Reclamar que esas decisiones, que son porcentualmente ínfimas, no se adopten, equivale a exigir que no existan controles para la función pública que ejerce tanto la Policía Nacional como la Fiscalía General de la Nación", señalan. Colprensa.