Este martes a las 8:30 a.m., María Angélica Sánchez Álvarez, asesora jurídica de la Universidad Nacional de Colombia habló en Unal Radio, emisora de la institución educativa, manifestando que el pronunciamiento de la Procuraduría había sido solo una observación.
Acorde con la asesora, el pronunciamiento de la Procuraduría está enmarcado en los procesos de nulidad electoral: "Son unos procedimientos públicos donde la participación de la procuraduría está regulada"; en otras palabras, el órgano del Ministerio Público analiza los casos y brinda conceptos; en este caso concreto, esta entidad manifiesta su postura, al igual que todas las partes participantes (como el Consejo Superior Universitario), que juegan un papel legalmente reconocido.
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El juez del Consejo de Estado, que es el que tiene la última palabra, revisará no sólo el pronunciamiento de la Procuraduría, sino también el del Consejo Superior Universitario, el demandado (Leopoldo Múnera) y las pruebas que brindará el demandante (el profesor José Ismael Peña).
Además de dar este contexto de la tutela presentada por Ismael Peña, la asesora jurídica habló sobre el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Según el fallo, "la designación del rector Leopoldo Múnera es un acto con vida jurídica y amparado por la presunción de legalidad”.
Acorde con el comunicado, este tribunal revocó el fallo de una tutela emitido por el juzgado 37 Administrativo de Bogotá al considerar que:
"Existen hechos sobrevinientes concretados en el acto administrativo mediante el cual el Consejo Superior Universitario (CSU) designa al rector” de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), profesor Leopoldo Múnera Ruiz, los cuales gozan de presunción de legalidad haciendo que cualquier orden dirigida a evitar una vulneración de derechos con la elección de rector sea innecesaria porque “ya existe rector elegido y nombrado”".
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Explicándolo de mejor manera, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca considera que, dado que ya existe un rector elegido y nombrado (Leopoldo Múnera), cualquier orden adicional para evitar una vulneración de derechos debido a la elección de rector se considera innecesaria.
Se espera que la decisión se tome en un mediano plazo, pero puede que se demore un poco más por la congestión de la rama judicial.
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