El proceso contra el general (r) Mario Montoya ha sido trasladado de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que funciona como la Fiscalía de este sistema de justicia transicional.
Según el portal, Asuntos Judiciales, esta decisión se debe a que Montoya no reconoció su responsabilidad en graves crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluidos al menos 118 asesinatos y desapariciones forzadas en el Oriente antioqueño entre 2002 y 2003, mientras lideraba la IV Brigada del Ejército.
El principal factor para este traslado es la negativa de Montoya a aceptar su papel en lo que la JEP ha catalogado como un patrón macrocriminal, relacionado con los denominados "falsos positivos". Estas prácticas consistían en el asesinato de personas vulnerables que luego eran presentadas como guerrilleros muertos en combate, con el objetivo de inflar los resultados operacionales.
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A pesar de las pruebas documentales y testimonios que lo implican, Montoya rechazó los cargos y no contribuyó a esclarecer la verdad, un requisito esencial para permanecer en la JEP. Esta negativa llevó a la Sala de Reconocimiento de Verdad a remitir su caso a la UIA, que ahora tiene la facultad de continuar la investigación y decidir si lo acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal Especial para la Paz.
Evidencias de un patrón sistemático de crímenes
La Sala de Reconocimiento documentó tres modalidades de actuación bajo la dirección de Montoya:
- Sustracción forzada de personas.
- Engaño a víctimas vulnerables para trasladarlas a lugares donde serían asesinadas.
- Homicidios de personas fuera de combate.
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El informe señala que Montoya no solo permitió que estos crímenes ocurrieran, sino que creó un ambiente institucional que fomentaba estas prácticas. Este contexto incluía una política militar basada en obtener "resultados" a toda costa, desestimando las capturas y promoviendo el uso indiscriminado de la fuerza.
La UIA ahora tiene el reto de determinar si presenta una acusación formal contra Montoya. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y homicidio en persona protegida.
El traslado del caso a la Fiscalía de la JEP refleja la importancia de la responsabilidad individual en el proceso de justicia transicional en Colombia. La negativa de Montoya a aceptar las acusaciones y contribuir a la verdad representa un obstáculo para las víctimas, que buscan justicia y reparación.
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