La comunidad LGBTIQ+ y diversas organizaciones sociales alzaron su voz este fin de semana tras el brutal transfeminicidio de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años que fue asesinada en circunstancias profundamente violentas.
El caso ha conmocionado al país y ha reavivado el clamor por justicia, seguridad y dignidad para las personas trans en Colombia.
Según los primeros reportes, a Sara Millerey le fracturaron los brazos y las piernas antes de ser lanzada al río Playa Rica. A pesar del sufrimiento visible que quedó registrado en un video —donde se le escucha gritar de dolor, inmovilizada por sus heridas—, su fallecimiento solo fue confirmado por organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ que denunciaron el crimen como un claro acto de odio.
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“¡Nos siguen matando!”, expresaron de forma contundente varios colectivos sociales en un comunicado conjunto. “El transfeminicidio de Sara en Bello nos duele profundamente. Su sufrimiento clama justicia. Exigimos a las autoridades una investigación inmediata y medidas de protección reales para las personas trans. Las vidas LGBTIQ+ importan, y no descansaremos hasta que se garantice la seguridad y dignidad de nuestra comunidad. ¡La diversidad es resistencia, y seguiremos luchando!”
Con el caso de Sara, ya son 24 los transfeminicidios registrados en el país en lo que va del 2025, lo que evidencia una preocupante ola de violencia sistemática contra esta población. Las organizaciones denunciantes han exigido una investigación exhaustiva, rápida y transparente que conduzca a la identificación y judicialización de los responsables.
“No permitiremos que este caso quede impune, como tantos otros que han silenciado las vidas de personas trans”, señalaron.
Asimismo, hicieron un enérgico llamado a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Bello, entre otras entidades competentes, para que asuman su responsabilidad y actúen con celeridad y compromiso.
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Las exigencias también incluyen medidas de protección efectivas e inmediatas para la población trans en Bello y en todo el territorio nacional. “Sus vidas corren peligro constante y el Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad y sus derechos fundamentales. Necesitamos acciones concretas para prevenir futuros actos de violencia y discriminación”, recalcaron.
Por su parte, el Ministerio de la Igualdad y equidad afirmó que han solicitado la activación urgente de la Mesa de Casos Urgentes para hacer seguimiento al caso y que exigen "a las autoridades celeridad y justicia con enfoque diferencial".
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