Desde el Museo de Casa de la Memoria en Medellín, se llevó a cabo el acto de Reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas por parte del Estado, liderado por el ministro de Defensa Ivan Velasquez y el Comandante del Ejército Nacional, el General Luis Emilio Cardozo Santamaría, por casos, principalmente, de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) en Antioquia; acciones perpetradas por integrantes del Ejército Nacional entre 1998 y 2009.
En esta década, Antioquia vivió una de las etapas más oscuras en términos de violaciones a los Derechos Humanos, enmarcadas principalmente en el conflicto armado que asoló el país. Este periodo estuvo caracterizado por una escalada de violencia por miembros de las fuerzas armadas del Estado. Estas violaciones tomaron la forma de crímenes de lesa humanidad, que incluyen desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como "falsos positivos".
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Antioquia fue uno de los departamentos con mayor número de casos de falsos positivos. La región del Oriente antioqueño, así como municipios como Ituango, Yarumal y Granada, se vieron particularmente afectados.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha investigado las ejecuciones extrajudiciales en el macro caso 03 sobre Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. En este macro caso, la JEP registró que el 25% de las ejecuciones extrajudiciales se cometieron en Antioquia: de las 6402 personas presentadas como ‘falsos positivos’ por parte del Ejército, 1613 fueron en Antioquia.
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Importancia del reconocimiento de los falsos positivos por parte del Estado
El reconocimiento del Estado, representado por el Ministro de Defensa y el comandante del Ejército es un paso esencial para garantizar que las víctimas y sus familias obtengan justicia y reparación.
Durante los años donde se cometieron las ejecuciones extrajudiciales, el poder ejecutivo, representado por el expresidente Álvaro Uribe y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, negaron rotundamente o trataron de justificar estos hechos pues, según ambos exmandatarios, las personas asesinadas y presentadas como bajas en combate, no eran inocentes: más exactamente en palabras del expresidente Uribe: “no estaban recogiendo café”. Aceptando, de una forma indirecta, que los falsos positivos presentados por las Fuerzas Armadas fue un claro crimen de guerra.
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Sin este reconocimiento, por parte de Iván Velázquez y el Comandante del Ejército Nacional, el General Luis Emilio Cardozo, los crímenes podrían quedar impunes, y las víctimas no recibirán el apoyo y la compensación que merecen. Esto también implica la posibilidad de investigaciones más exhaustivas que pueden llevar a la condena de los responsables.
Además el reconocimiento estatal contribuye a la construcción de una memoria histórica que es fundamental para que la sociedad no olvide lo ocurrido y para evitar la repetición de estas atrocidades. Aceptar la verdad de lo sucedido es un acto de responsabilidad que permite a las generaciones presentes y futuras entender el pasado y trabajar hacia un futuro más justo.
Este reconocimiento también ayuda a la restauración de la confianza en las Instituciones, sobre todo la confianza que mancha este caso a la Fuerza Pública. Por último este proceso de responsabilidad del Estado legitima futuros procesos de paz y reconciliación, ya que se demuestra un compromiso real con la paz y la justicia, y valida los esfuerzos de aquellos que luchan por un futuro sin violencia por parte del Estado colombiano.
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¿Por qué es relevante la aceptación de responsabilidad estatal por los casos de ejecuciones extrajudiciales?
Varias organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales, como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH),
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y, sobre todo, las Madres de víctimas de falsos positivos (MAFAPO) han exigido al Estado que asuma su responsabilidad por estos crímenes.
Estos colectivos han dedicado años en recopilar información, testimonios, pruebas, así como denunciado los casos, dándole voz a las víctimas; este esfuerzo ha ayudado a demostrar la responsabilidad estatal en los mal llamados falsos positivos.
Los informes que han presentado estas organizaciones y la representación jurídica de las víctimas que han desarrollado durante estas 2 décadas puede verse reflejada en el reconocimiento que hoy hizo el Estado a cargo de los altos mandos que, 20 años atrás, mancharon la confianza de un Estado que se suponía debía protegerlos.
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