Esta decisión surge tras reiteradas denuncias de posibles malos manejos financieros por parte de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) y un creciente descontento social frente a la gestión de los recursos públicos destinados a la salud.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló la importancia de realizar una investigación exhaustiva que permita dar respuestas claras sobre el destino de los fondos. “Es necesario que las EPS puedan demostrar con claridad qué sucedió con más de 6 billones de pesos en el año 2020. Por esa razón, hemos solicitado la contratación de una auditoría forense internacional que determine el paradero de estos recursos”, declaró Jaramillo.
La pandemia de COVID-19 ha dejado serias interrogantes sobre el manejo de los recursos asignados durante ese período. Aunque la demanda por servicios hospitalarios no relacionados con el virus disminuyó, se desconoce cómo fueron utilizados los fondos asignados, lo que ha encendido las alarmas entre actores del sector salud y la opinión pública.
Llamado de la Junta Médica Nacional
Por su parte, la Junta Médica Nacional ha respaldado la decisión del gobierno de acudir a firmas internacionales para realizar esta auditoría, argumentando que los auditores nacionales no han mostrado imparcialidad en sus evaluaciones. “Una auditoría forense internacional tendría mayor credibilidad. Hemos tenido auditores nacionales, y, de alguna manera, la información ha resultado sesgada a favor de las EPS”, afirmó Ana María Soleibe, presidenta de la Junta.
La doctora Soleibe también señaló que existe una estrategia para desviar la atención de las presuntas irregularidades financieras hacia otras problemáticas del sistema de salud, como el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). “Hay una clara campaña de ocultamiento de los informes presentados por la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud). No se está discutiendo este tema, a pesar de que no hay evidencia documentada de que el incremento de la UPC sea insuficiente”, aseveró.
Transparencia y confianza en el sistema de salud
La contratación de una auditoría internacional también responde a la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema de salud. Actualmente, el sector administra cerca de 100 billones de pesos anuales, pero los pacientes señalan que el servicio que reciben no está a la altura de los recursos invertidos. “Cada vez cuesta más y sirve menos”, es una queja recurrente entre los usuarios.
En este contexto, el gobierno también ha hecho un llamado a los entes de control y a los actores del sistema de salud para que se sumen a este esfuerzo de transparencia. Con esta medida, se espera que las investigaciones arrojen resultados concluyentes sobre el manejo financiero de las EPS y que se tomen las acciones necesarias para corregir las falencias del sistema.
El país está a la expectativa de los resultados de esta auditoría, que podría marcar un punto de inflexión en la gestión de los recursos públicos destinados a la salud y en la implementación de un modelo más justo y eficiente.
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