En un hito jurídico sin precedentes, el Estado colombiano logró un significativo ahorro de 97 billones de pesos, tras ganar un complejo proceso legal promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Petroquímica Agrocombustible y Energética (SINTRAMINERGETICA) contra la Superintendencia de Sociedades.
La sentencia fue emitida el pasado 31 de julio de 2024 por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, consolidando una victoria crucial para las finanzas públicas del país.
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El proceso legal, que inicialmente había sido fallado en favor del Estado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, fue ratificado en segunda instancia por el Consejo de Estado, que desestimó las pretensiones del sindicato. Este había demandado al Estado, argumentando supuestas irregularidades en el proceso de liquidación forzosa de la compañía Frontino Gold Mines Limited, una entidad que fue declarada en quiebra bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades.
La defensa del Estado, encabezada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Superintendencia de Sociedades, fue clave para lograr este resultado. Según el comunicado oficial de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el tribunal consideró que SINTRAMINERGETICA no tenía legitimación en la causa, ya que las reclamaciones presentadas no involucraban derechos colectivos relacionados con la convención colectiva de trabajo, sino que se trataban de daños individuales y patrimoniales de un grupo de personas que no había autorizado al sindicato para representarlos.
#BoletínANDjE - ¡Ganamos el segundo proceso más cuantioso que enfrentaba el Estado, por 97 billones de pesos! 🙌🏻⚖️
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Además, el Consejo de Estado determinó que el sindicato no participó en el proceso de liquidación forzosa llevado a cabo por la Superintendencia de Sociedades, lo que debilitó aún más su posición. Al no haber manifestado interés en dicho proceso, el sindicato carecía de fundamento para reclamar indemnizaciones por daños supuestamente ocasionados durante la liquidación.
Esta decisión no solo representa una victoria jurídica, sino también un alivio económico significativo para el Estado colombiano, que evita un pago multimillonario que hubiera tenido un impacto considerable en el presupuesto nacional.
Con este triunfo, el Estado colombiano marca un precedente en la defensa de sus intereses frente a demandas de alto costo, y reafirma su compromiso con la protección de los recursos públicos ante litigios infundados.
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