Conoce el documento denominado ‘Aporte a la Verdad: contexto de la Fuerza Pública para la memoria histórica'.
403.352 fueron las víctimas militares en el país, de acuerdo con el documento denominado ‘Aporte a la Verdad: contexto de la Fuerza Pública para la memoria histórica', entregado al presidente Iván Duque, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad.
Secuestro
Frente a las violaciones a los derechos humanos que fueron cometidos contra miembros de la Fuerza Pública, el documento explica que entre 1970 y 2010, se reportaron en el país 39.058 casos de víctimas de secuestro de los cuales 1.643 fueron miembros de la Fuerza Pública.Jhonier Leal seguirá preso por el asesinato de Mauricio Leal y su mamá
"El 87,52% de los secuestros de miembros de la Fuerza Pública ocurrieron entre 1990 y 2002, donde el 27,27% tuvo lugar en la zona de retaguardia estratégica y de permanencia histórica de las Farc". Estos secuestros se concentraron en los departamentos de:- Antioquia
- Caquetá
- Meta
- Norte de Santander
- Putumayo
- Guaviare
Minas antipersona
De acuerdo con el informe el uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados obedeció a la existencia de un plan emanado de la más alta dirección de estas organizaciones ilegales. El uso de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados contra miembros de la Fuerza Pública tenía el objetivo, según el informe, de evitar la persecución cuando ocurrían combates.Condena de 32 meses a conductor de Martín Elías por su muerte
Además de retrasar el desplazamiento de las tropas para evitar operaciones que procuraban la captura de algún cabecilla o evitar el desarrollo de operaciones de control territorial. "En estos casos, los grupos armados ilegales tenían conocimiento de los posibles lugares por donde transitaba la tropa y los movimientos que esta realizaba, de esta manera instalaban campos minados", dice el informe. El informe presentado por el Ministerio de Defensa también habla sobre los ataques que los grupos al margen de la ley ejecutaron en contra de bases militares.Desaparición forzada
Frente a la desaparición forzada el informe revela que se han presentado 6.408 casos al interior de las Fuerza Militares, de los cuales el 67,82% corresponden a hechos ocurridos 1997 y 2005. Del total de víctimas, la mayoría de ellas fueron producto de acciones perpetradas por las Farc, seguido por el Eln. 1998 fue el año en el que se produjo el número más elevado de víctimas, lo que se explica por la presión ejercida por parte de la guerrilla para acelerar los diálogos de paz con el Gobierno nacional.Desplazamiento forzado
De acuerdo con el informe se presentaron en el país 130.301 víctimas, entre 1964 y 2015, siendo el período comprendido entre 2006-2015 el que mayor número de reportes presenta con un 81,15%.Así se originó la pegajosa canción del Frailejón Ernesto Pérez
"Una explicación propia para este aumento desmedido está en la idea del desplazamiento de miembros de las Fuerzas Militares como una de las estrategias empleadas por parte de los grupos armados ilegales, especialmente de las FARC-EP, para tratar de subsanar la derrota estratégica que atravesaban por aquellos años", resalta el documento.¿Cómo se compone el informe?
Este informe inicia con un recuento histórico de los principales momentos que marcaron la segunda mitad del siglo XX y las dos primeras décadas del XXI, considerando sus impactos en la doctrina militar. Posteriormente avanza sobre la evolución del despliegue territorial de la Fuerza Pública en respuesta a las circunstancias de orden público del país y luego habla de la aplicación de la normatividad en términos de Derechos Humanos por parte del Ministerio de Defensa.Abren indagación preliminar a general (r) Barrero por nexos con ‘Clan del Golfo’
Luego plantea la discusión alrededor de los patrones sistemáticos de violencia a los miembros de la Fuerza Pública y sus repercusiones en términos de victimización y concluye con un recuento de los principales aportes de la Fuerza Pública a la construcción de paz. Ante este panorama el el Gobierno le pidió a la JEP abrir un macrocaso al respecto. Colprensa
