Con una serie de acciones que avanzan en la implementación de la Reforma Rural Integral, el Gobierno del presidente Gustavo Petro continúa transformando el territorio del Catatumbo, históricamente afectado por el conflicto armado, la exclusión estatal y la concentración de la tierra.
La adjudicación de predios fértiles, el fortalecimiento de la economía campesina mediante compras públicas y los alivios financieros al sector agropecuario son hoy acciones tangibles que proponen, desde la perspectiva del Gobierno Nacional, un nuevo modelo de justicia social y reparación territorial.
El presidente Gustavo Petro, presionó el acelerador hacer algunos meses y ha pedido a las entidades que intervienen en los programas fundamentales para restaurar el orden público y consolidar la presencia del Estado en la región, que ejecuten sus proyectos en la medida de sus posibilidades para que las comunidades puedan reconocer un cambio en el menor plazo posible.
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En los últimos días, estas son las acciones destacadas por entidades:
2.632 hectáreas de tierra adjudicadas por la Agencia Nacional de Tierras
A través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Gobierno adjudicó 2.632 hectáreas de tierra fértil en los municipios de Ábrego, La Esperanza, Ocaña, Teorama y Tibú, beneficiando a familias campesinas y comunidades que durante años esperaron acceso legítimo a la tierra.
Estos avances se suman a la titulación de 1.282 hectáreas durante la vigencia del estado de conmoción interior, una medida excepcional que permitió agilizar procesos de formalización agraria en una zona donde la informalidad en la tenencia de la tierra ha sido causa estructural de violencia y desigualdad.
En paralelo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) continúa atendiendo a personas desplazadas desde distintos municipios del Catatumbo, activando medidas de protección para las propiedades abandonadas por la violencia. A la fecha, la entidad ha recibido 424 solicitudes de inscripción en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta), lo que permitirá avanzar en los procesos de restitución y retorno con garantías.
Estas acciones evidencian un compromiso real con el cumplimiento del Acuerdo de Paz y con el reconocimiento de los derechos históricos de la población campesina a vivir con dignidad sobre sus tierras.
56 toneladas de arroz compradas por la Agencia de Desarrollo Rural
Una de las apuestas más significativas del Gobierno en el Catatumbo ha sido el fortalecimiento de la economía campesina a través de la compra pública directa de alimentos, sin intermediarios y con precios justos.
La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) gestionó la adquisición de 56 toneladas de arroz blanco a la Asociación ASOZULIA, conformada por 851 pequeños productores de la región. La compra fue realizada por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 y la directiva presidencial que exige destinar un porcentaje del presupuesto público a compras a la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.
“Esta no es una simple transacción comercial. Es una decisión política que fortalece la soberanía alimentaria, dinamiza la economía popular y reconoce a nuestros campesinos como protagonistas del desarrollo territorial”, aseguró César Pachón Achury, presidente de la ADR y secretario técnico de la Mesa de Compras Públicas.
La medida impulsa la producción local y contribuye a superar los cuellos de botella causados por la estacionalidad agrícola, como sucede con el arroz. Eliminar a los intermediarios garantiza mejores ingresos para las familias campesinas y consolida procesos organizativos claves para la asociatividad, el cooperativismo y el arraigo territorial.
Alivios financieros para el agro
En el frente financiero, el Banco Agrario de Colombia ha jugado un papel decisivo para apoyar a los productores de la región, mediante créditos accesibles, refinanciamiento de deudas y propuestas de condonación.
En lo corrido del Gobierno, la entidad ha radicado 1.556 operaciones de crédito por un valor de 46.223 millones de pesos, de los cuales ya han sido desembolsados 1.160 créditos por más de 22.247 millones. Esta inyección de liquidez ha permitido reactivar cultivos, mejorar infraestructuras productivas y generar empleo rural.
Además, el Banco anunció que una cartera por 42.651 millones de pesos podría ser objeto de acuerdos de refinanciación para beneficiar a 1.249 clientes, y que propone la condonación de 6.856 millones de pesos en cartera vencida para aliviar la situación de productores afectados por crisis económicas o eventos de orden público.
Estas decisiones financieras están orientadas a sostener el aparato productivo rural, evitar la pérdida de fincas por impagos y promover la inclusión financiera como un derecho, no como un privilegio.
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El Catatumbo no está condenado al abandono
La articulación entre adjudicación de tierras, compra pública campesina y financiamiento accesible demuestra que el Catatumbo no está condenado al abandono y la violencia. Con presencia institucional decidida y voluntad política, el Gobierno puede avanzar en la construcción de una paz territorial con justicia social.
Estas medidas, que se enmarcan en la implementación integral de la Reforma Rural y los compromisos del Acuerdo de Paz, también contribuyen a desmontar economías ilegales, fomentar el arraigo campesino y reconfigurar una región históricamente marcada por el conflicto, hacia un futuro de producción, dignidad y vida en comunidad.
La apuesta del Gobierno es clara: acabar la guerra con tierra, dinamizando el mercado con compras públicas y facilitando el crédito para los campesinos.
