La Contraloría General de la República ha ordenado a la Unión Temporal Centros Poblados devolver al Estado $87.027 millones de pesos, tras el escándalo de corrupción relacionado con el contrato que buscaba llevar internet a 15.000 escuelas rurales.
Este contrato fue firmado bajo el gobierno de Iván Duque por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Según el ente de control, Centros Poblados es responsable fiscal por el detrimento patrimonial de 70 mil millones de pesos, una gestión que calificó como "ineficiente e inoportuna".
El informe de la Contraloría determinó que la empresa Nuovo Security LLC, señalada por la Fiscalía como la cabeza de las empresas que conformaban la Unión Temporal —ICM Ingenieros, Intec de la Costa, Novotic y Omega Building SAS—, incumplió sus compromisos contractuales al no entregar los equipos necesarios a las escuelas.
Esta omisión llevó a que se imputara responsabilidad fiscal a Juan Carlos Ángel Cáceres, representante legal de Nuovo Security LLC.
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Cáceres ha sido señalado como un poderoso contratista que ha ejecutado al menos $111 mil millones de pesos en contratos en La Guajira y Norte de Santander, muchos de ellos adjudicados sin competencia.
El escándalo de Centros Poblados se remonta a un contrato de un billón de pesos firmado con el MinTIC durante el gobierno de Duque, que pretendía conectar a miles de escuelas rurales a internet.
Sin embargo, la Fiscalía ha revelado que los contratistas desviaron 70 mil millones de pesos del anticipo para su beneficio personal, en lugar de cumplir con el objetivo del proyecto.
Detrás de esta sociedad estaba Emilio Tapia, un empresario condenado por corrupción, lo que intensificó las sospechas desde el inicio.
A pesar de las fuertes críticas, la Procuraduría General archivó la investigación contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, en un fallo emitido el 23 de septiembre.
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Según el organismo, no se encontraron pruebas suficientes para vincularla directamente con el desfalco, a pesar de que su gestión fue criticada por haber autorizado el anticipo, aún cuando ya existían señales de alerta sobre posibles irregularidades.
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