La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, junto al Departamento de Planeación Nacional y la Secretaría de Transparencia, crearon el Pacto por la Transparencia, con el fin de identificar los procesos de inversión de recursos de regalías y así evitar hechos de corrupción y ponerles fin a los llamados “elefantes blancos”. Este se hizo en el marco del primer año desde que entró en vigencia la Ley 2056 de 2020, en la cual se modificó el régimen del Sistema General de Regalías, que le entregó mayor autonomía a todos los territorios del país. “Este pacto no solamente dará garantías, sino mayor efectividad en el uso de los recursos, así como mayor transparencia en todas las decisiones que se tomen por parte del Gobierno Nacional y las entidades territoriales", dijo Ramírez.
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Así mismo, la vicepresidenta indicó que el pacto busca la ejecución de las regalías con "integridad y trasparencia". "Que las entidades del orden nacional ejecuten siempre sus funciones que permitan una inversión eficiente de los recursos”, expresó la vicepresidenta y canciller respecto al tema. Durante la firma del pacto, Marta Lucía Ramírez expresó que harán controles más rigurosos para evitar los casos de corrupción. Estos procesos deberán fomentar transparencia, participación y mayor control social en todos los proyectos financiados con los recursos del Sistema General de Regalías que emitirá a partir de 2023 un mecanismo que evidenciará que las entidades que no tengan el desempeño correcto en el manejo de los recursos regionales no podrán ejecutar nuevos proyectos.Marta Lucía Ramírez alertó sobre la vulneración de la democracia en Nicaragua
“Ese pacto no solamente dará la garantía, sino mayor efectividad en el uso de los recursos, y mayor transparencia en todas las decisiones que se tomen por parte del Gobierno Nacional y las entidades territoriales”, afirmó la vicepresidenta. El Sistema General de Regalías tiene un presupuesto de 17 billones de pesos para los años 2021 y 2022, de este presupuesto se han viabilizado 1.301 proyectos para 2021, los cuales el 20 % corresponden a ciencia, tecnología e innovación, el 21,7 % a proyectos de transporte y el 18,4 % a vivienda, ciudad y territorio. Con esta reforma las entidades territoriales podrán visibilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión. Colprensa
