La Fiscalía General ha actualizado sus directrices sobre el tratamiento de la protesta social, desafiando las políticas implementadas durante el gobierno de Iván Duque.
Firmadas por la fiscal Luz Adriana Camargo el 10 de septiembre, las nuevas medidas se centran en la descriminalización de las manifestaciones, separando los delitos comunes de los actos de protesta.
Las nuevas directrices, que reemplazan las emitidas en junio de 2021 por el entonces fiscal Francisco Barbosa, abarcan 31 puntos en cuatro capítulos. Estos incluyen la protección de la protesta pacífica, los límites del poder punitivo del Estado, y el tratamiento de delitos cometidos durante protestas.
Un cambio significativo es la redefinición de lo que constituye un delito durante las manifestaciones. La fiscalía ahora evaluará actos delictivos como robos o agresiones sexuales de manera separada, sin asociarlos automáticamente con la protesta.
La violencia contra la policía también podrá considerarse en el contexto de legítima defensa.
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Además, la competencia para investigar delitos cometidos en manifestaciones recaerá preferentemente en la justicia ordinaria, no en la Justicia Penal Militar.
Este ajuste ocurre tres años después del estallido social en Colombia, que comenzó en abril de 2021 en respuesta a la reforma tributaria propuesta por Duque. Las nuevas normas buscan asegurar una separación más clara entre la protesta legítima y los actos delictivos, mientras se protegen los derechos de los manifestantes y se controlan posibles abusos de la fuerza pública.
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Tres años del estallido social en Colombia: un hito en la lucha social del país
El pasado 28 de abril se conmemoró el tercer aniversario del estallido social que sacudió a Colombia en 2021. Las manifestaciones, que comenzaron como un rechazo a la propuesta de reforma tributaria del entonces presidente Iván Duque, se extendieron durante meses y se convirtieron en un enérgico descontento ciudadano que marcó un hito en la lucha social del país.
El estallido social de 2021 fue una expresión de la frustración y el descontento de la ciudadanía con el gobierno y las políticas neoliberales que habían generado desigualdad y pobreza en el país. Las manifestaciones, que se iniciaron de manera pacífica, fueron reprimidas por la fuerza pública, lo que generó una escalada de violencia y represión.
A pesar de la represión, el estallido social logró visibilizar las demandas de la ciudadanía y generar un cambio en la agenda política del país.
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