El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el Gobierno Nacional impugnará la sentencia del Consejo de Estado que prohíbe la transmisión de los Consejos de Ministros a través de canales privados, regionales, locales y comunitarios. Según Benedetti, la decisión judicial vulnera disposiciones de la Ley 182 de 1995 sobre el funcionamiento del servicio público de televisión.
“No se alegren tanto. La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995”, expresó el ministro a través de su cuenta oficial en redes sociales. Además, advirtió que por el impacto de este fallo en el derecho de la ciudadanía a estar informada, se solicitará que la impugnación sea resuelta en la sala plena del Consejo de Estado.
No se alegren tanto. La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995.
Por una ciudadana que deba apagar el televisor, no se puede privar a millones de personas de que se enteren de las decisiones del…— Armando Benedetti (@AABenedetti) April 11, 2025
El fallo en cuestión responde a una acción de tutela presentada por una ciudadana, quien alegó la vulneración de su derecho fundamental a la información, ya que las transmisiones presidenciales a través de televisión abierta le impedían ejercer su libertad de no informarse. La alta corte falló a favor de la demandante, argumentando que dichas transmisiones limitaban la pluralidad informativa y forzaban al televidente a recibir una sola versión de los hechos, sin alternativas.
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El presidente Gustavo Petro había defendido la transmisión de los Consejos de Ministros como una apuesta por la transparencia. “El pueblo tiene el derecho a saber qué hace su gobierno y cómo es su gobierno, directamente y sin intermediarios desinformadores”, afirmó en febrero. Petro también sostuvo que abrir estos espacios al escrutinio público fortalece la democracia y promueve una ciudadanía más consciente y participativa.
La controversia ha desatado un intenso debate entre quienes consideran que el fallo protege el derecho a la información en su dimensión más amplia, y quienes lo ven como un retroceso en el ejercicio del control ciudadano sobre la gestión pública. La impugnación anunciada por el Gobierno reabre la discusión y pone en evidencia el choque entre los criterios jurídicos y el principio de transparencia gubernamental.
Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial de la Presidencia sobre el fallo ni sobre la ruta jurídica que seguirá el Ejecutivo a través del Ministerio del Interior.
