Denuncia sobre el 'Cartel de la Tierra'

Denuncia sobre el 'Cartel de la Tierra' expone apropiación indebida de más de 100 mil hectáreas

Foto: Agencia Nacional de Tierras
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La ANT denuncia el 'Cartel de la Tierra': más de 100 mil hectáreas en manos de clanes y narcos, tierras destinadas a víctimas del conflicto y campesinos.

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, denunció la existencia de un esquema sistemático de apropiación de tierras conocido como el ‘Cartel de la Tierra’. En el marco de esta denuncia, reveló siete casos emblemáticos de acumulación irregular de terrenos que involucran a empresarios, políticos, narcotraficantes y testaferros. Según Harman, más de 100 mil hectáreas que debían ser destinadas a víctimas del conflicto armado y a campesinos permanecen bajo control de estos clanes.

Contexto de la denuncia

La declaración del director de la ANT se basa en un convenio con el Fondo de Reparación que permitió revisar el inventario de bienes entregados por paramilitares al Estado como parte de procesos de justicia transicional. Este análisis identificó que muchas de estas tierras no se encuentran en manos de las comunidades para las cuales fueron destinadas. En su lugar, están siendo explotadas gratuitamente por particulares, perpetuando una profunda injusticia social.

"Hay 100 mil hectáreas que no sabemos a quién pertenecen, pero que estarían en manos de narcos y clanes políticos", aseguró Harman en una reciente entrevista. Agregó que esta problemática se concentra en regiones como Córdoba, Bolívar, Cesar y Meta, donde los actores implicados han usufructuado tierras baldías e inmuebles adquiridos a través de medios ilegítimos.

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Casos emblemáticos y medidas tomadas

Uno de los casos más destacados es el de la familia Carranza, señalada de acumular terrenos baldíos de manera indebida en Puerto López, Meta. Estas tierras, inicialmente asignadas para la reparación de víctimas del conflicto armado, fueron desviadas de su propósito original y mantenidas bajo control de particulares con influencias políticas y económicas.

En este sentido, la ANT ha dado pasos concretos para revertir esta situación. Un ejemplo es la recuperación de la Hacienda Las Américas, una propiedad previamente expropiada al crimen organizado y luego adquirida por el Estado para redistribuirla entre campesinos. Harman afirmó que, aunque esta recuperación ha generado tensiones entre sectores sociales y políticos del Cesar, las acciones emprendidas cuentan con total respaldo jurídico. "Podemos asegurar que la Hacienda Las Américas ahora es de los campesinos", subrayó.

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Reacciones y perspectivas

En la red social X, Harman destacó que la apropiación ilegal de estas tierras representa no solo un delito contra el patrimonio estatal, sino también un obstáculo para la paz territorial en Colombia. “Seis casos específicos demuestran cómo empresarios, políticos, narcotraficantes y testaferros se apropiaron de más de 100 mil hectáreas entregadas por los paramilitares al Estado y destinadas para víctimas y campesinos”, publicó.

La denuncia ha generado un llamado a fortalecer los esfuerzos interinstitucionales entre la ANT, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y las gestorías de paz, con el fin de esclarecer el destino de los bienes entregados por los grupos paramilitares. Los resultados de la Mesa de Ralito, liderada por el Alto Comisionado, es un paso crucial en este proceso, según Harman.

Hacia una Reforma Agraria efectiva

El caso del ‘Cartel de la Tierra’ pone en evidencia los retos que enfrenta Colombia en su camino hacia una reforma agraria real y equitativa. Las tierras destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto deben ser protegidas de la corrupción y las redes de poder que las han desviado de su propósito. Harman concluyó que la redistribución efectiva de estos predios no solo es un acto de justicia social, sino también una condición indispensable para la paz duradera en el país.

Este informe destaca la urgencia de una acción contundente por parte del Estado para garantizar que las tierras recuperadas lleguen a manos de quienes realmente las necesitan, promoviendo así el desarrollo rural y el cierre de brechas históricas de desigualdad en Colombia.


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