El presidente de la República, Gustavo Petro, dio un discurso en la entrega de propiedades a las familias que fueron víctimas de la violencia en El Aro, corregimiento del municipio de Ituango.
Durante el discurso, criticó fuertemente la insensibilidad de aquellos que permitieron la violencia paramilitar y del Estado en la zona. Pues calificó de ruin y miserable a los que tenían el poder; porque, no solo discriminaban a las personas, sino también las asesinaban en una mal llamada “limpieza social”, por ser pobres o estar hundidos en algún problema de drogadicción o alcoholismo.
El primer mandatario habló luego de la reconciliación. Dijo que, para que exista la paz verdadera en la zona afectada por el paramilitarismo, se debe hablar de perdón social. No obstante, criticó al gobierno local por no tener la voluntad de reconciliación.
El presidente Petro criticó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y le preguntó: ¿Por qué se han demorado en hacer la carretera a El Aro y solo llevan 50 metros? Aseguró que “construir la carretera es una orden judicial. Hacerla como una indemnización no reparará las víctimas en el sentido de recuperar a sus seres queridos pero mejorará las condiciones de vida de sus descendientes".
Petro dijo que si el Gobierno local no era capaz de mejorar las condiciones de la población excluida históricamente, tendrá que ser el Gobierno nacional que lo haga: “construir una vía, un acueducto y mejorar el centro de salud y la escuela son una orden del presidente”.
El jefe de Estado recomendó empezar a invertir en oportunidades laborales alrededor de la agricultura y empezar a fortalecer las políticas de restitución de tierras ya que, según el presidente, el gobierno local no ha hecho nada al respecto.
Por último, Gustavo Petro habló sobre la memoria histórica, y cumplir con los tratados internacionales, los cuales son pilares fundamentales para construir un país; pues, de acuerdo con el primer mandatario "Las sentencias de la CIDH, todas, deben cumplirse en Colombia porque es una orden constitucional".
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Masacre de El Aro
La masacre en el corregimiento de El Aro, en el municipio de Ituango, Antioquia, ocurrió el 22 de octubre de 1997, cuando ÁLvaro Uribe Vélez fungía como gobernador del departamento.
Este brutal ataque fue perpetrado por paramilitares del bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes, con la supuesta colaboración de miembros del Ejército Nacional, asesinaron a al menos 17 campesinos y desplazaron a más de 700 personas.
Durante la incursión, los paramilitares saquearon e incendiaron viviendas, torturaron y mataron a los habitantes, y robaron ganado.
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Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre las Masacres en Ituango de 1996 y 1997
La Corte IDH concluyó que Colombia era responsable por violaciones a los derechos a la vida, integridad personal y libertad de las víctimas de ambas masacres (La Granja 1996 y El Aro 1997). Además, se estableció que hubo omisión y complicidad por parte de agentes del Estado.
Se determinó que Colombia incumplió con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos crímenes, violando el derecho a la protección judicial de las víctimas y sus familiares.
La Corte ordenó a Colombia diversas medidas de reparación, incluyendo indemnizaciones económicas a las víctimas y sus familiares, la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, y la implementación de programas de desarrollo y seguridad en las zonas afectadas.
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